Carnaval de Cádiz, ¿Patrimonio Inmaterial? Sí, pero

C inmaterial
Fotografía: Jesús Massó

Cualquiera diría que los reunidos en París, en octubre 2003, alrededor de la convención de la UNESCO que definió el Patrimonio Cultural Inmaterial y nos alentó a su salvaguarda, tuvieron como fuente de inspiración la historia, la memoria y la continuidad de cuanto ocurre en las tramoyas, en las calles y en las cabezas de las gentes de Cádiz durante las fiestas de carnaval. Porque éstas reflejan la letra, el espíritu y todas y cada una de las manifestaciones regladas de aquel texto patrimonialista.

En realidad, más allá de los reconocimientos formales, de su inclusión en el Listado Representativo de la UNESCO, que es de lo que se trata, el Carnaval de Cádiz es ya, y desde hace mucho tiempo, desde antes incluso del enunciado preciso del concepto, una soberana –y soberbia- muestra de patrimonio cultural inmaterial. No le falta ni un detalle del detalle.

No es que lo sea por la espectacularidad o relevancia estética de sus puestas en escena, ni por la ostentación de cacharros lujosos y caros, ni porque registre una monumentalidad o antigüedad que lo remonte a la más excelsa de las glorias y lo más remoto de los tiempos. Tampoco, ojo, por su potencialidad económica como reclamo turístico. Tales extremos pueden o no estar encima de la mesa y tener mayor o menor trascendencia; lo es, sobre todo, por una cuestión de pueblo. De gente. De gentes de un pueblo que heredan y reconstruyen y reviven y transmiten, colectivamente, de manera singular, gestos y símbolos de pertenencia, artefactos y vivencias, valores y anclajes profundos, muy profundos, que modelan formas de pensar, de creer y descreer, de sentir y de estar que permean, por extensión, a la cotidianeidad social y cultural de la vida comunitaria. Con sus más y con sus menos. Es cuestión de identidad, de una identidad colectiva mamada y marcada por el protagonismo popular y por la apropiación y autogestión social del espacio y de la vida vivida de la ciudad y de la ciudadanía.

El Carnaval de Cádiz, como se vive en Cádiz, solo puede darse en Cádiz. Y, al mismo tiempo, cosas del complejo bucle de las causas y de los efectos, el pueblo de Cádiz, en su pluralidad, es como es, entre otras razones, porque revive cíclicamente su particular y contradictoria confirmación liándose la manta de las utopías, los amores, los surrealismos, los egocentrismos y las subversiones a la cabeza. Una manera irreverente y jonda, salpicada a mitades de prejuicios y transgresiones, de plantar cara a la existencia misma y a los preceptos y estructuras de los órdenes establecidos –de los desórdenes dominantes-. Una manera local y localista de formar parte de esta rara especie de animales que somos los animales humanos.

La virtual inclusión del Carnaval de Cádiz en el Listado Representativo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad brinda la ocasión para sentirnos, con tanta modestia como razones, orgullosos y emplazados. Con el legítimo orgullo y la alta responsabilidad de aportar a la Humanidad un más que necesario granito de buena voluntad y de relativismo desde este laberinto poético y mamarracho nuestro de virtudes y miserias. Ni más ni menos.

Bajo estos principios, que vienen a ser los enunciados por la UNESCO, bienvenido sea este estarivé de papeleos y proclamas y telefonazos y comités y expectativas que, ojalá no lo perdamos de vista, debería obligarnos a intentar ser mejores como personas y como comunidad. Porque, si no, si al final, como ya ocurre en tantos casos, todo derivara a un cachondeito más de croquetismo y oportunismo de los tratantes de la política y de los dineros, si al final todo fuera una nueva “oportunidad de negocio” y un sarao de entretenimiento y camuflaje de ineptitudes y de ausencia de voluntades para encarar tantas apremiantes necesidades del pueblo, para eso, pues mejor nos quedamos como estamos. Siendo patrimonio inmaterial de la humanidad con la dignidad y la verdad de las letras minúsculas y de nuestro propio auto-reconocimiento.

Tan ricamente. Y a otra cosa mariposa.

Turismofilia

Jose maria manjavacas

Fotografía: Jesús Massó

Una parte relevante de agentes empresariales y de profesionales de la política y la opinión coinciden en (des)calificar como “turismofobia” los malestares que sectores ciudadanos de cierta amplitud y diversidad vienen expresando ante la creciente turistización, turistificación en determinados casos, de nuestras ciudades. Significativa convergencia.

El debate social cuestiona algunas “grandes verdades” del desarrollo turístico: ¿adónde va el grueso de beneficios de unas operaciones privadas que impactan en el espacio público y la vida ciudadana?, ¿cuáles son y quiénes soportan los costes ambientales y sociales urbanos de estas actividades?, ¿por qué enfatizan como “creación de riqueza y empleo” a pequeños negocios inestables, autónomos autoexplotados y trabajo precarizado e irregular?, ¿en qué medida el crecimiento de los últimos años obedece a una demanda coyuntural deudora de conflictos en destinos competidores?, ¿es razonable el monocultivo turístico como motor económico desatendiendo otras estrategias de desarrollo más sólidas, diversificadas y sostenibles?, ¿son nuestros cascos históricos y nuestro patrimonio cultural productos para turistas?, ¿estamos ante un acelerado proceso de privatización de nuestras ciudades?, ¿cuánto dinero público se destina a subvencionar la promoción de la industria turística?, ¿deben gestionar los lobbies turísticos la ciudad o debe la política democrática gobernar la ciudad y, dentro de ella, gestionar el turismo?, ¿asistimos a una nueva burbuja?, ¿son viables otros modelos turísticos?…

Hay más preguntas, entre ellas una es muy pertinente: ¿por qué cuesta tanto debatir de manera abierta y razonada sobre todo esto sin ser objeto de descalificaciones?

Sorprende, ya digo, la convergencia en un discurso unilateral y opaco a cualquier atisbo de disenso entre quienes negocian a lo grande con la empresa, la política y la opinión, enrocados de manera irresponsable en publicitar como “muy positivas” una sopa de cifras parciales y sesgadas. Consejeros del ramo y más de un alcalde y de un concejal, de partidos muy dispares, sacan pecho en lo alto de la ola, -en realidad, hacen de la necesidad virtud para disipar sus fracasos-, pretendiendo rentabilizar unos datos no solo discutibles sino con los que ellos y sus gestiones tienen poco o nada que ver.

No se trata de hacer un alegato contra el turismo, fenómeno complejo y de interés económico y sociocultural al que, afortunadamente, mejor o peor, también accedemos la gente normal y corriente. Bien está defender el derecho al turismo y el derecho al negocio pero también el derecho al trabajo digno y el derecho a la ciudad. Es necesario un debate público sobre el turismo y su gobernanza democrática, sobre su conveniente ordenación, su calidad y sostenibilidad económica, social y medioambiental. Se trata de una propuesta elemental y no de un brote de “turismofobia”, cual si fuera una especie de enfermiza disfunción psicosocial.

De reducir la cuestión a tales términos deberemos concluir que una nutrida nómina de especuladores, políticos, opinadores y otros tantos oportunistas y bobos padecen de turismofilia, de una obsesión compulsiva por trasvasar recursos y bienes del común al enriquecimiento particular, cuanto más y en menos tiempo mejor, acaso a cambio de vender como un “éxito” que algunos condenados al paro accedan a un regajo de migajas quebrándose las costillas en el tajo. Una obsesión además adicta al embuste y a las verdades a medias, a un papanatismo triunfalista del cortísimo plazo sin reparar en consecuencias y gastos.  

La turismofilia es una suerte de patología del capitalismo salvaje a la que se han sumado, a su dictado, con delirante entusiasmo, la política basura y el periodismo basura.

Participación ciudadana local (III)

Manjavacas iii completa

Fotografía: Jesús Massó

Las delegaciones municipales de Participación Ciudadana cumplieron cierto papel en los inicios de la democratización local. Pero, observadas en perspectiva y salvadas algunas excepciones, no han representado sino una escenificación marginal en unas corporaciones locales de muy pobre calidad democrática. Arrinconadas en la agenda local, con competencias y recursos muy limitados, han atendido en el mejor de los casos algunos asuntos de segundo orden, “de manera participativa”, mientras las decisiones urbanas importantes discurrían por espacios poco transparentes, en negociaciones de jefaturas políticas y grupos económicos que observan la ciudad como oportunidad de negocio.

Y es que las administraciones locales no están políticamente concebidas ni burocráticamente estructuradas para la participación democrática. Antes al contrario, en no pocos casos, se han revelado como fenomenales maquinarias opacas aunque demasiado permeables a la corrupción empresarial y partidista y al clientelismo y el caciquismo político.

Conviene también tener presente que una cosa es la participación de la ciudadanía y otra, bien distinta, son las estrategias partidistas e institucionales de participación ciudadana. Y que una cosa es abrir la política local a la ciudadanía y otra, también muy distinta, hacerlo a las personas y grupos e idearios próximos al partido gobernante de turno. De Perogrullo. Nuestras ciudades son mejunjes de gentes y colectivos muy diversos; con preocupaciones, inquietudes, vivencias, creencias, aspiraciones y formas de estar dispares y, por lo común, igualmente legítimas. Poner una institución al alcance de los afines ha sido práctica habitual de las derechas. Y a menudo de las izquierdas. Eso no es contribuir a la construcción de ciudadanía democrática.

Una política local comprometida con la construcción de la democracia participativa debe aspirar a abrir a la ciudadanía –a la información y la deliberación, a la toma de decisiones y la cogestión y a la rendición de cuentas-, de una u otra forma, el conjunto de la política local. No es tarea fácil. Demanda firmes convicciones y voluntades políticas de las autoridades, unas estructuras y medios técnicos y profesionales suficientes y preparados, y una amplia y plural participación y proyección social. No reparar en ello ha dado como resultado un arco de experiencias más o menos fallidas, o de discutible impacto, que oscilan entre las buenas intenciones y muy variadas maneras de quedarse con la gente. Un arco, por lo general, con poca sociedad detrás.

A las dificultades reseñadas se unen otras tantas que guardan relación con las disponibilidades sociales para participar, para tomar partido, para dedicarle tiempo y esfuerzo. Las experiencias más avanzadas han demostrado la existencia de cualificadas minorías dispuestas a trabajar por democratizar la democracia, pero también han evidenciado las limitaciones para una participación sostenida entre sectores ciudadanos de cierta amplitud. La vida cotidiana impone restricciones, y también influyen los valores, las experiencias y trayectorias personales y colectivas. Participar figura entre las asignaturas pendientes de nuestros procesos de socialización.

Así las cosas, lo más sensato es pegar los pies al suelo, conocer e interpretar la realidad y actuar en consecuencia: de poco sirven elaborados recetarios de pretensión universal. Cierto es que las bibliografías y los conocimientos directos dan cuenta de una amplísima nómina de principios, metodologías, sistemas, procesos e instrumentos para la participación y para la construcción de la democracia participativa. Ahí están y su combinación, en todo o en parte y en según qué momentos, junto a otras herramientas que vayamos inventando, puede ser de utilidad. No es ese el principal problema.

La cuestión central reside en tener claro bajo qué supuestos y con quiénes se pretende construir la democracia participativa; sabiendo que no hay atajos, que no cabe esperar resultados espectaculares en un plazo de tiempo corto. Porque estimular y estructurar la participación ciudadana local es una carrera de fondo que exige, por encima de cualquier otra cosa, partir y actuar en base a las preocupaciones de la gente, con el protagonismo de la gente, aprendiendo con la gente y sin perder el compás de la gente.

Apoyar a los asociacionismos ciudadanos desde el escrupuloso respeto de su autonomía, hacer de la información –no es lo mismo información que propaganda- y de la transparencia práctica habitual, perseguir consensos con los actores sociales, impulsar proyectos para la pedagogía cívica democrática y articular espacios de debate público sobre los proyectos y actuaciones urbanas son tareas inaplazables y factibles para la nueva política local. Para el conjunto de la nueva política local. Con la gente: con las entidades, las organizaciones, los colectivos y las personas. Sin pausa. Y sin demasiadas prisas. Repetían en las plazas que “vamos despacio porque queremos llegar lejos”. Pues eso.

Así lo ve un servidor de ustedes.

Participación ciudadana local (II)

Manjavacas ii completa

Ilustración: The Pilot Dog

Segunda entrega para ayudarnos a pensar, ahora, con otros vientos en las políticas locales –en la política en general-, en nuevas propuestas para hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios más participativos, más democráticos; espacios para la construcción de ciudadanía.

Desde finales de los años noventa y durante la primera década de este siglo se observaron en Andalucía dos discursos entre los que, con aproximaciones y distancias, se ubicaron nuevas experiencias participativas.

En un extremo, un reformismo moderado, preocupado por la desafección ciudadana hacia la política institucional, buscó mayor legitimación en nuevos modelos de gobernanza y apostó por testar la “opinión ciudadana” en espacios participativos que, además, contribuyeran a sumar complicidad social a las decisiones, a veces controvertidas, de las autoridades.

En otro polo, un sector del municipalismo andaluz, influido por procesos latinoamericanos, propuso “radicalizar la democracia”. Democracia participativa para el empoderamiento ciudadano y la transformación social en unos contextos locales más próximos y permeables a la acción social comunitaria y a la defensa de los derechos políticos y sociales.

Ambos discursos surgieron de manera parcial en diferentes partidos de la izquierda, aunque dependieron de la posición de estos partidos –mayoría o minoría- en el seno de gobiernos locales de coalición. También de trayectorias concretas de determinados dirigentes políticos. Pero hubo una tercera postura que, además, fue la más extendida: no hacer nada. No decir nada. Nada innovador, nada transformador. Nada de nada.

Entre los dos polos citados –ambos minoritarios, el segundo más que el primero- se dispusieron sistemas e instrumentos participativos, territoriales y sectoriales, con asociaciones, vecinales o de otro tipo, y ciudadanas y ciudadanos a título individual. Algunas minorías, en algunos ayuntamientos, impulsaron procesos de presupuestos participativos, en ocasiones presentados como “la alternativa” para construir la democracia participativa local.

Las experiencias registradas, fruto de loables esfuerzos, pusieron de manifiesto, cuando menos, la existencia de sectores -políticos, ciudadanos y de empleados públicos locales- dispuestos a innovar e incluso a desbordar los estrechos marcos del sistema representativo. Así, se abrieron nuevos cauces institucionales (consejos, mesas sectoriales, foros ciudadanos, participación en planes estratégicos, etc.), si bien eminentemente consultivos e irregulares, con débil transversalidad y poca incidencia en los “grandes temas” urbanos. Justo es añadir que, salvo excepciones, generaron críticas en los sectores más exigentes e indiferencia entre la población. La participación ciudadana continuó ocupando, cierto que con más palabras y con más papeles, una posición periférica en el conjunto de corporaciones locales andaluzas.

Por su parte, los presupuestos participativos promovieron, en algunos lugares y momentos, no así en otros, cierta base social y numerosas demandas ciudadanas. Pero fueron excesivamente rígidos y complejos, a veces más atentos a recetarios y consignas de pretensión universal que a las dispares realidades locales donde se intentaron llevar a cabo, y contaron con escaso respaldo político y social. A partir de 2007, fueron desapareciendo; ya fuera por inacción o agotamiento, por su disolución desde los mismos ayuntamientos que los habían impulsado o, sin suscitar resistencias, por los gobiernos conservadores constituidos en 2011.

La década se saldó con algunos logros, sin duda desiguales, y con demasiada propaganda y autocomplacencia. En cierta medida los ensayos habían obedecido a intereses institucionales y a estrategias partidistas o de consultoras, cuando no a pugnas entre partidos e incluso entre facciones en un mismo partido. La gente, una vez más, pintó poco.

El marco político más reciente está tintado por los efectos de la crisis y por un profundo retroceso democrático, por la extensión del miedo y la incertidumbre y, en el asunto que nos ocupa, por un recorte sin precedentes de recursos y de autonomía local. Pero también por una fenomenal respuesta popular de innegables consecuencias políticas que, no podía ser de otro modo, se ha dejado sentir en los ayuntamientos.

La nueva política local, allí donde existe y resiste a enormes dificultades y presiones, podría tener en su haber un buen punto de partida: su origen popular y democrático y unas bases ciudadanas poco habituales en décadas de partitocracia. Y hay un buen número de experiencias participativas, propias y ajenas, de las que extraer enseñanzas.

Pedagogía política, información de calidad y transparencia, solidaridad social, defensa de la democracia y construcción de ciudadanía son bazas para encarar nuevas estrategias de participación, con centralidad real en la cosa pública local y pensadas para un largo recorrido. Con voluntad política y recursos para, a pesar de las dificultades, intentar gobernar, efectivamente, con la gente; o sea, con y para unas sociedades locales diversas y plurales.

Ese reto será materia de la próxima entrega.

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